La Comisión de la Energía propone subir un 11,3% la tarifa eléctrica en julio
Prevé que el déficit tarifario crezca en 2.750 millones de euros de no aplicarse este incremento. Industria tiene ahora la última palabra
- Fecha de publicación: 14 de mayo de 2008
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) propuso en su reunión de ayer que la tarifa eléctrica integral suba un 11,3% a partir del 1 de julio para asegurar que el funcionamiento del sistema no genere un déficit adicional. Según sus cálculos, en el semestre comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, de mantenerse los costes regulados reconocidos actualmente y ante la previsible evolución de los precios en el mercado eléctrico, el déficit tarifario crecería en otros 2.750 millones de euros.
El Ministerio de Industria tiene ahora la última palabra, y deberá concretar la cuantía del aumento que se aplicará a los consumidores domésticos y comerciales. Este departamento analizará la recomendación y elaborará un borrador que se someterá a informe del Consejo Consultivo de la Electricidad. Posteriormente se presentará la propuesta a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y, finalmente, se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros.
El ministro Miguel Sebastián dijo que este planteamiento de la CNE “es más razonable” que el formulado por el secretario general de la Energía, Pedro Luis Marín Uribe, que mencionó un posible incremento del 20%.
Impacto sobre la inflación
Desde Bruselas, el vicepresidente económico Pedro Solbes se declaró partidario de aproximar paulatinamente el precio de la electricidad a su coste real, por más que ese acercamiento pueda tener un impacto sobre la inflación. De mantener el precio de la energía por debajo de los costes incurridos “estaríamos resolviendo un problema de hoy y generando otro para el futuro”, apuntó.
Economía se muestra a favor de aproximar paulatinamente el precio de la electricidad a su coste real, pese a su repercusión sobre la inflación
El Gobierno dejó sin cambios la tarifa en el segundo semestre de 2007, y a la subida del 3,3% del pasado enero siguió una revisión que no introdujo modificación alguna, pese a que los costes seguían disparados.
En la actualidad, los industriales ya tienen la opción de cerrar contratos en el mercado liberalizado. Para las familias y pequeños consumos, cuando el 1 de julio de 2009 se extienda plenamente la posibilidad de elegir comercializador, existirá una tarifa regulada llamada “de último recurso“.
Rechazo de los consumidores
Las asociaciones de consumidores se han manifestado en contra del incremento del recibo de la luz propuesto por la CNE. Lo consideran “excesivo” y para nada “razonable”, teniendo en cuenta el periodo de desaceleración en el que se encuentra la economía española.
Para la Unión de Consumidores de España (UCE), el aumento del 11,3% es “desproporcionado” y sólo garantiza los ingresos de las empresas eléctricas. A su juicio, esta propuesta evidencia el “fracaso de la liberalización del sector energético” en España, “donde no existe una competencia real entre compañías, lo que repercute directamente en el precio que los consumidores pagan por la electricidad”.
La Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI) también ha rechazado este incremento por encima del IPC. Esta organización cree que la subida de la tarifa eléctrica debe realizarse de forma “gradual” y venir acompañada de una mejora del servicio, ya que “es injusto que los consumidores deban pagar el déficit que presentan las compañías eléctricas”.
Las asociaciones de consumidores creen que el incremento propuesto es “excesivo” y para nada “razonable”
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA), por su parte, cree que el incremento “no resulta en absoluto razonable”, teniendo en cuenta el ya aplicado el pasado enero, la coyuntura económica actual, los “beneficios millonarios” del sector eléctrico y “la falta de transparencia” existente en la configuración de los precios de generación en el mercado mayorista.
FACUA, que reclama a Industria un debate profundo sobre el sector, insiste en que el mercado de generación eléctrica (“pool”) es un mercado “sin transparencia, en manos de unos pocos operadores dominantes -fundamentalmente Endesa e Iberdrola-, que vienen distorsionando a su antojo el precio del kilovatio”.
Por el contrario, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) defiende la propuesta de la Comisión de la Energía porque ese “es el camino” para que la factura refleje los costes reales de la energía. No obstante, precisa que resultará insuficiente para acabar con el déficit tarifa.
Reclamar la nota de Selectividad.
Se puede solicitar la revisión de los resultados mediante dos vías: la segunda corrección o la reclamación ante la Comisión Organizadora
No es sólo cuestión de aprobar. Una décima más en la puntuación obtenida por los estudiantes en Selectividad puede ser fundamental para que logren acceder a la carrera universitaria de su elección. Por eso, cada año en España miles de estudiantes optan por presentar una reclamación ante los resultados obtenidos en las Pruebas de Aptitud de Acceso a la Universidad (PAAU); la resolución de estas reclamaciones abrirá o cerrará las puertas de su futuro universitario.
- Autor: Por MARTA VÁZQUEZ-REINA
- Fecha de publicación: 13 de mayo de 2008
- Imagen: Adrián Pérez -
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el pasado año 2007, un 80% de los 222.086 alumnos que se presentaron a las Pruebas de Aptitud de Acceso a la Universidad, más conocidas como Selectividad, superaron este examen, que requiere obtener como mínimo una puntuación de cuatro puntos para ser declarado apto. Sin embargo, aprobar esta prueba no significa que el estudiante pueda optar directamente al ingreso en la universidad, puesto que para acceder a los estudios universitarios se requiere obtener una calificación global entre la nota de Selectividad (40%) y la media de Bachillerato (60%) superior a cinco puntos. Asimismo, la nota obtenida en la prueba es determinante para acceder a la titulación universitaria de su elección; una décima más o menos, puede acercar o alejar al estudiante de la nota de corte exigida en la carrera que desee cursar.
El alumno que esté disconforme con la nota de Selectividad no debe dudar en reclamar
Por estos motivos, es importante que el alumno que no esté de acuerdo con la nota obtenida en un ejercicio específico o en la nota global de Selectividad no dude en reclamar una revisión de sus resultados por alguna de las dos vías disponibles: la segunda corrección o la reclamación ante la Comisión Organizadora. Para ambos casos, el estudiante cuenta con el plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de publicación de las calificaciones.
Tipos de reclamación
La segunda corrección consiste en que un profesor especialista en la materia del ejercicio que se solicita, distinto al que realizó la primera corrección, revise nuevamente el ejercicio según los criterios de corrección establecidos y otorgue una nueva calificación. La nota final del ejercicio será el resultado de la media aritmética entre la primera y la segunda calificación. El “riesgo” que conlleva el optar por esta vía es que el resultado puede ser inferior a la primera nota obtenida, por tanto, es importante que el estudiante esté bien seguro de que realizó el ejercicio correctamente. No obstante, en el caso de que existiera una diferencia igual o superior a tres puntos entre la primera y la segunda calificación, cabe la posibilidad de que un tribunal distinto realice una tercera corrección y otorgue una nueva nota, que será la definitiva.
Es importante consultar los criterios específicos de corrección de los ejercicios de la prueba
Los estudiantes que deseen acogerse a esta vía, tendrán que dirigir al presidente del Tribunal de las Pruebas el modelo de solicitud -que ponen a su disposición normalmente los servicios administrativos de las distintas universidades y los centros donde han cursado los estudios de Bachillerato-, en el que expondrán los motivos por los que consideran que se debe realizar una segunda corrección. Para ello, es importante que consulten el documento que contiene los criterios específicos de corrección de los diferentes ejercicios, que suele estar a disposición de los alumnos tanto en sus centros de enseñanza como en los servicios de atención del centro universitario donde se ha realizado la prueba. Los resultados de las segundas o de las terceras correcciones en su caso, se hacen públicos en los centros de los alumnos y en los campus correspondientes.
Por otra parte, los alumnos que estén disconformes con su calificación pueden optar por presentar una reclamación, que en ningún caso implicará una modificación negativa de la calificación obtenida. Es importante destacar que la elección de esta vía es incompatible con la de la segunda corrección. Es decir, si se realiza una reclamación, el estudiante, una vez resuelta ésta, no podrá solicitar una segunda corrección de algún ejercicio, pero sin embargo, quienes hayan optado en primer lugar por la segunda corrección, y no estén conformes con el resultado, sí pueden efectuar posteriormente una reclamación. Para ello cuentan con tres días hábiles después de publicarse los resultados de la segunda calificación.
En la reclamación se debe alegar cualquier circunstancia que pueda haber afectado a los resultados
En el caso de la reclamación, el estudiante debe alegar cualquier circunstancia, relacionada con el procedimiento de la prueba, que considere que pueda haber afectado a los resultados, siempre que no tenga que ver con los criterios generales de evaluación o los específicos de corrección, ya que en este caso no se trata de revisar nuevamente el ejercicio. Al igual que en la primera vía, los estudiantes deberán dirigir la solicitud al presidente de la Comisión Organizadora y en ella detallarán los motivos de la reclamación. La resolución que se adopte, que es enviada individualmente a cada solicitante, pone fin a la vía administrativa.
Calcular la nota de acceso a la Universidad
Para ser declarado apto en la prueba de Selectividad se necesita obtener una calificación mínima de cuatro puntos. Esta nota se calcula a partir de la calificación obtenida (entre cero y diez puntos) en los diferentes ejercicios que componen la prueba:
- La parte común consta de tres ejercicios: Análisis y comprensión de un texto en lengua castellana, Lengua Extranjera y Filosofía o Historia. En aquellas comunidades con otra lengua cooficial autonómica, se incluye la obligatoriedad de un cuarto un ejercicio de esta lengua.
- La parte específica se compone asimismo de tres ejercicios: dos correspondientes a las materias de la vía universitaria elegida por el alumno y un tercero sobre una de las materias de libre elección de la modalidad de bachillerato cursada.
El proceso es el siguiente: se evalúan independientemente las dos partes que conforman la prueba, la común y la específica, y la nota final es el resultado de la media aritmética de las dos. En la parte común, se calcula la media de los tres (o cuatro) ejercicios realizados, mientras que en la parte específica, el resultado se obtiene de la suma del 40% de las calificaciones obtenidas en cada una de las dos materias vinculadas a la vía universitaria por la que ha optado el alumno y el 20% del ejercicio correspondiente a la materia de libre elección.
Los alumnos que se presenten por dos vías obtendrán dos puntuaciones en esta segunda parte, una para cada vía, así como dos calificaciones globales. Teniendo en cuenta que estos estudiantes realizan en la parte específica cuatro ejercicios (dos materias de modalidad de cada una de las vías), el resultado para cada una se obtiene de la suma del 40% de la calificación obtenida en las materias vinculadas a la vía correspondiente y el 20% de la calificación más alta de las obtenidas en las materias de la otra vía.
Por otra parte, la calificación final de acceso a la universidad, que debe ser igual o superior a cinco puntos, se calcula a partir del 40% de la nota obtenida en la prueba de Selectividad y del 60% de la media de las calificaciones de Bachillerato.
CRISIS Y COMUNIONES, BODAS BAUTIZOS.
Préstamos para bodas y comuniones
Bodas y comuniones se han transformado en costosas celebraciones que ponen en aprietos económicos a muchas familias españolas
- Autor: Por LAURA CAORSI/JOSÉ IGNACIO RECIO
- Fecha de publicación: 12 de mayo de 2008
Las bodas y las comuniones son ceremonias que en España se han convertido en esperados acontecimientos sociales: verdaderas fiestas con banquete y vestimenta de gala que suponen para las familias un desembolso económico importante. De media, celebrar una primera comunión equivale a gastar unos 3.000 euros por hijo, mientras que en el caso de las bodas la cifra ronda los cinco dígitos: de 10.000 euros en adelante, dependiendo de las opciones elegidas y de la provincia donde se celebre el festejo. Si se toma como referencia el salario mínimo interprofesional, fijado en 600 euros, puede decirse que unas pocas horas de reunión con los parientes y los amigos cuestan entre seis y 20 sueldos enteros. Y eso sólo en promedio, porque las hay más caras todavía.
A grandes rasgos, en una primera comunión es necesario pensar en el vestido y los complementos de los pequeños, que van de los 300 a los 800 euros, según se trate de un niño o una niña (los trajes para ellas son más caros). Pero, además, hay que contar la ropa de la familia, los gastos de peluquería, la contratación de un fotógrafo, los recordatorios del evento y, por supuesto, la comida. En este último apartado, un convite para unas 50 personas no baja de 2.200 euros. Los costes se multiplican cuando se trata de una boda, donde sólo el traje de novia puede valer entre 900 y 6.000 euros. El banquete también es más caro, ya que no hay tantos menús infantiles como en el caso de una comunión, y los precios oscilan entre los 80 y los 120 euros de media por comensal. Si sumamos la ropa del novio, los complementos para ambos, los gastos de peluquería, transporte y música, es muy fácil llegar a los 10.000 euros que cuesta, como mínimo, celebrar el enlace matrimonial.
Un convite para 50 personas no baja de 2.200 euros en una comunión; coste que se multiplica por tres en el caso de una boda
Estas cifras sobrepasan el poder adquisitivo de muchas familias españolas, incluso de las que ahorran para el evento porque lo prevén con antelación. En ese contexto, los créditos personales proliferan en el mercado y las empresas de préstamos hallan un terreno fértil para desarrollar su actividad. La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) no cuenta con datos cuantificados al respecto ya que -como aseguran- no hay modo de saber el destino final de un préstamo personal con tanto detalle. No obstante, existen firmas crediticias que, además de facilitar dinero para los sectores “estrella” (la compra de un coche, la realización de un viaje o la acometida de reformas en la vivienda), ofrecen paquetes específicos para la celebración de una primera comunión o una boda.
Es el caso, por ejemplo, del crédito “Imagine”, del ABN Amro Bank, que presta 18.000 euros para los gastos del enlace, con la posibilidad de pagarlo en un plazo de hasta seis años. En este supuesto, el solicitante paga 72 cuotas de 334 euros, más una comisión de apertura de 525 euros y un seguro obligatorio que asciende a los 1.278 euros. El total financiado suma casi 20.000 euros. La Caja de Ahorros de la Inmaculada oferta el llamado “Préstamo Familiar”, diseñado expresamente para sufragar los gastos derivados de estos eventos familiares, y su gran novedad es que facilita mejores condiciones económicas a los miembros de las familias numerosas, a quienes se aplica un tipo de interés fijo preferente. El importe máximo de este préstamo alcanza los 18.000 euros que se pueden devolver en un plazo máximo de ocho años. Entre los alicientes para contratarlo destacan la exención de comisiones de amortización y cancelación anticipada. De similares características es el “Préstamo Gastos Familiares”, confeccionado por Ibercaja, que permite a su titular la opción de pagarlo a través de cuotas fijas o variables durante toda la vida del préstamo con la posibilidad de hacerlo con cuotas mensuales, trimestrales o semestrales. Otro préstamo es el “Crédito Celebraciones” de Caja Segovia, de disponibilidad inmediata y con un período de amortización de hasta seis años.
Soluciones a plazos
También las empresas de créditos rápidos ofertan este tipo de producto; en general, 6.000 euros que se pueden pagar en cuatro años. Como resultado, se acaba devolviendo la cantidad prestada más 2.200 euros. En cualquiera de estos casos, es importante prestar atención a las condiciones del préstamo, en especial a la Tasa Anual Equivalente, más conocida como T.A.E., pues varía mucho de una firma a otra; tanto que, mientras en unas ronda el 10%, en otras supera el 24%. Como siempre, antes de recurrir a un crédito rápido, es imprescindible leer bien la letra pequeña y, lógicamente, hacer cuentas. Muchas familias ya afrontan otras cuotas mensuales para pagar el coche o la hipoteca, y añadir 200 ó 300 euros al gasto fijo puede desembocar en un aprieto económico serio. Ahora bien, al margen de la prudencia, que es recomendable en todos los casos, hay que tener en cuenta una cuestión en lo relativo a estos créditos: la mayor parte del dinero que se solicita no va destinado al acto religioso en sí, sino a las celebraciones que lo rodean y, en algunos casos, a cubrir gastos “accesorios” o posteriores, como aprovechar el préstamo para renovar el coche, o cubrir los costes de un viaje, ya sea para novios o para el niño que recibe su primera comunión.
Los préstamos se utilizan para pagar los convites y viajes posteriores, de novios, o a Eurodisney y Terra Mítica en el caso de las comuniones
El presidente de la Federación de Asociaciones de Agencias de Viajes explica que la “luna de miel” está tan arraigada en la cultura española que los especialistas ya tienen detectadas las épocas del año con mayor actividad y promocionan paquetes y paquetes concretas. Mayo y octubre son, en este sentido, los meses más fuertes. En cuanto a las comuniones, empieza a ser frecuente celebrar el acto con un viaje a Eurodisney y Terra Mítica como destinos estrella. Por otro lado, hay que advertir de que la contratación del banquete se paga en metálico, aunque se pueden dar casos de familias que pagan con su tarjeta de crédito cuando el límite de la misma permite cubrir el monto.
PROS Y CONTRAS DE optar por uno de estos créditos
Ventajas:
- Permite el pago de las reuniones familiares en diversas mensualidades.
- Facilita mantener los ahorros sin necesidad de reembolsarlos ni gastarlos para acontecimientos extraordinarios.
- Tiene un interés fijo, es decir, un coste invariable durante toda la vida del préstamo.
- Mediante amortizaciones anticipadas, se puede reducir el plazo o el importe de las cuotas.
Inconvenientes:
- Hay pocos productos de estas características en el mercado y, en algunos casos, las condiciones no difieren en mucho de cualquier préstamo personal.
- Supone un nuevo endeudamiento en el presupuesto familiar.
- La letra pequeña suele contemplar algún tipo de comisión que puede encarecer más el préstamo.
- No es la solución idónea, ya que se obtiene financiación, pero a cambio de pagar elevados intereses.
Francesc Romeu se compromete a sacar al pspv-psoe de la apatía.
martes, 29 abril 2008
FRANCESC ROMEU, CANDIDATO A LIDERAR EL SOCIALISMO VALENCIANO PARA SER EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE IZQUIERDAS, DISPUESTO A SACAR AL PSOE DE LA “APATÍA”
Francesc Romeu se presentará a la Secretaría General del PSPV para ser el próximo presidente de la Generalitat El director de la Fundación Jaime Vera, Francesc Romeu, anunció ayer en rueda de prensa la decisión adoptada sobre su candidatura a la secretaría general del PSPV-PSOE en el próximo congreso del partido.
Director de la fundación Jaime Vera. El director de la Fundación Jaime Vera del PSOE, Francesc Romeu, se presentará a la Secretaría General del PSPV con el objetivo de ser el candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, sacar al partido de la “apatía” y reivindicar “en Madrid y en Bruselas” los intereses de la Comunitat Valenciana.
“Cuanto antes se celebre el congreso, mejor”. Romeu presentó ayer en la sede socialista y ante militantes y miembros de su plataforma de apoyo, su propuesta ante el Congreso del PSPV del que espera que se convoque “cuanto antes mejor” y del cual saldrá elegida la nueva dirección del partido, actualmente en manos de una comisión gestora que preside Joan Lerma tras la dimisión, el pasado mes de octubre, de Joan Ignasi Pla.
“La cara alta, los pies en la tierra y el corazón a la izquierda”. “Me presento ante el partido y la sociedad valenciana con la cara bien alta, los pies en la tierra y el corazón en la izquierda para trabajar y para ganar, porque a partir de ahora hablaremos de futuro”, ha asegurado el dirigente socialista para justificar su “firme decisión y voluntad” de llegar a ser el nuevo secretario general del PSPV y el futuro presidente del Gobierno valenciano.
Un proyecto ilusionante. Romeu ha tomado esta decisión tras constatar, en sus reuniones con agrupaciones locales y comarcales de las tres provincias, la “necesidad” de que el partido ofrezca una apuesta política “ilusionante y de futuro” a una sociedad valenciana “moderna y vanguardista” que debe aprovechar sus oportunidades socioeconómicas para liderar el arco mediterráneo. Su proyecto se basa en plantear una oposición “firme” y que “no dé tregua” a una “derecha valenciana” que preside un Consell “provisional” y dirige un partido que “no tiene futuro”, y convertir al PSPV en un “instrumento moderno”.
Marcas de pijamas con tejidos peligrosos, según la OCU.
miércoles, 09 abril 2008
LAS MARCAS DE PIJAMAS PARA BEBES “CHICCO”, “DISNEY” “SFERA” Y “CARREFOUR” LLEVAN TEJIDOS PELIGROSOS, SEGÚN DENUNCIA LA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES (OCU)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado la presencia de sustancias “potencialmente peligrosas” en cuatro marcas de pijamas infantiles, según explica en su publicación ‘OCU-SALUD’ correpondiente al mes de abril.
Tintes peligrosos, benceno y otros…Tras un análisis realizado por la organización de consumidores de 14 pijamas para niños “con el objetivo de comprobar la presencia de productos químicos en la ropa” –en concreto se buscó la existencia de ftalatos, formaldehído, tintes peligrosos, benceno y metales pesados– detectó que en cuatro había “sustancias potencialmente peligrosas”.
¡Ojo¡. Los pijamas afectan a la salud.Se detectaron concretamente ftalatos “potencialmente peligrosos” en las siguientes prendas: Chicco (pijama de dos piezas con niña duchándose), Disney (dos piezas con el pez infantil ‘Nemò), Sfera (body con impresión rosa y blanca) y Carrefour (dos piezas con el personaje ‘Sir Arthur’). La OCU advierte que las sustancias químicas de la ropa “pueden llegar a afectar la salud de las personas”. Y es que algunos productos químicos utilizados pueden entrar en contacto con la piel y causar irritación o alergias, sobre todo a los niños, que son especialmente sensibles. Otros de estos productos pueden entrar en contacto a través de la saliva, al chupar las prendas, como suelen hacer los niños. Varias sustancias están, por ello, prohibidas y otras muchas están cuestionadas por los expertos. Con todo, la OCU asegura que “no es imprescindible emplear estos productos”. “Se puede fabricar ropa de calidad sin tóxicos”, añade.
Medidas de precaución. La OCU recomienda que el consumidor lave la ropa nueva antes de ponérsela por primera vez, lo haga con un detergente líquido, incoloro y sin perfume, use preferentemente ropa de algodón y se fije en el etiquetado de la prenda –las etiquetas europeas y Öko-test sí controlan la presencia de tóxicos en los tejidos, pero son difíciles de encontrar, explican la organización–.
No hay legislación europea. La OCU afirma que, aunque Europa está dando pasos “en la dirección correcta” al establecer un sistema de registro, evaluación y autorización para las sustancias químicas (REACH), y algunas cadenas de distribución dicen tener controles para no vender ropa que contenga sustancias perjudiciales, “la realidad es que no existe ninguna legislación que prohíba los ftlatos y el formaldehído en la ropa de los niños ni controles rigurosos independientes del producto que llega a nuestros mercados”.
Los resultados de este estudio fueron trasladados al Instituto Nacional de Consumo y la Organización de Consumidores solicitó promover una legislación para tratar el tema, además de instar a la realización de más controles, sobre todo para la ropa de importación de países no europeos, y exigir que en las etiquetas de los productos se refleje la necesidad de lavar antes de usar.
La receta económica de Rajoy perjudicaría a las familias más débiles, según la responsable federal de economía del PSOE.
INVESTIDURA: ECONOMÍA
Inmaculada Rodríguez-Piñero: “La receta económica de Mariano Rajoy perjudicaría a las familias más débiles”
La responsable socialista de economía destaca que “fue el PP el que favoreció un crecimiento artificial en el sector de la construcción”
“Mariano Rajoy nos ofrece la misma receta económica que siempre ofrece la derecha cuando hay una desaceleración: una disminución irresponsable de los impuestos y un frenazo en el gasto social que afectaría, irremediablemente, a las economías familiares más débiles”. Así ha valorado hoy la Secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, la intervención del líder del PP en el debate de investidura.
“Más allá de una rebaja fiscal, el dirigente del PP no ha aportado propuestas de futuro para impulsar un cambio en el modelo de crecimiento de la economía, ni incentivar su productividad, ni su modernización”, añadió la dirigente socialista.
Rodriguez-Piñero ha destacado que “decir que España es el país más vulnerable de la UE es desconocer la realidad de este país; es no haberse enterado de que somos el país que más crece entre los de referencia en Europa, el que dispone del superávit público mayor y el que mayor previsión de crecimiento tiene para 2008”. Al mismo tiempo, la dirigente socialista ha añadido que “es una pena que Rajoy confíe menos en la solidez de la economía española que todos los organismos internacionales”.
Por último, la responsable de economía del PSOE ha recordado que “la política de suelo que Mariano Rajoy quiere rescatar es la que nos llevó a tener subidas del precio de la vivienda récord durante sus años de gobierno y provocó el alto endeudamiento de las familias. Fue el PP el que, con sus medidas procíclicas, favoreció un crecimiento artificial en el sector de la construcción”, concluyó la dirigente socialista.
(Nota de prensa difundida el 8 de abril de 2008
Sobre la Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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ENRIC SOPENA
31/03/2008
Cabos sueltos
La ciudadanía no sale de su asombro -o de su legítima irritación, que va in crescendo- al comprobar que la justicia en España se halla inmersa en un fiasco permanente, tal y como confirma el trágico caso de la niña Mari Luz, presuntamente asesinada por el pederasta Santiago del Valle, de larga, acreditada y funesta trayectoria delictiva.
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No quiere ello decir que muchos jueces y fiscales no cumplan adecuadamente con sus obligaciones profesionales, lo que hacen de forma meritoria y con elogiable rigor. Pero las equivocaciones, los errores y, a veces, la desidia o la ineptitud de algunos van extendiendo la creencia en la opinión pública de que la justicia continúa siendo una asignatura pendiente.
Pasan los años y la sensación generalizada es cada vez más negativa respecto a uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho. Han conmocionado España las noticias estremecedoras sobre cómo es posible que un malvado que había abusado sexualmente de su hermana y de su hija, por lo que fue condenado, y que había acosado a varias menores, estuviera en libertad. Todos los delitos son repudiables, pero unos lo son más que otros.
El de la pederastia es de los más abominables. Genera una lógica alarma social porque resulta incomprensible que frente a la también denominada pedofilia o paidofilia no se produzca una reacción enérgica, sistemática y conjuntada de todos los estamentos judiciales con el fin de erradicar al máximo tamaña brutalidad. Y de proteger a los niños, desvalidos e inermes frente a los pederastas.
Casi en paralelo al asunto anterior, hemos sabido –no con menor estupor- que el actual juez instructor del Caso Malaya, Oscar Pérez, ha tomado la decisión de poner en libertad al cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, bajo fianza de un millón de euros, aunque considere Su Señoría que el riesgo de fuga del acusado es “elevado” y que “es razonable pensar” que dispone de fondos en paraísos fiscales.
Si el mismo juez que autoriza a que salga de la cárcel Roca reconoce que el riesgo de fuga es “elevado”, ¿no parece sensato pensar que asistimos, como mínimo, a otro dislate o necedad judicial? Si Roca no huye, no pasará nada. Pero si aprovecha para poner tierra de por medio -forrado como está gracias a la corrupción gigantesca que él diseñó desde el Ayuntamiento de Marbella-, ¿no habría que exigirle, con enorme severidad, responsabilidades al juez? ¿O habría que pedírselas ya ahora?
El organismo que gobierna y controla a los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una institución que debería haber sido renovada -de acuerdo con la legislación vigente- hace ya mucho tiempo y que se ha mantenido digamos que en funciones o en fase de prórroga porque el Partido Popular se ha venido negando a consensuar las modificaciones legalmente previstas.
La derecha optó por apurar hasta el máximo su mayoría, aun a cuenta del descrédito del CGPJ. ¿Qué autoridad moral pueden tener quienes han de velar por la rectitud y buen funcionamiento de la justicia, si una parte de ellos siguen en sus puestos mediante lo que cabría describir –benevolentemente- como una especie de fraude de ley?
Enric Sopena es director de El Plural
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No quiere ello decir que muchos jueces y fiscales no cumplan adecuadamente con sus obligaciones profesionales, lo que hacen de forma meritoria y con elogiable rigor. Pero las equivocaciones, los errores y, a veces, la desidia o la ineptitud de algunos van extendiendo la creencia en la opinión pública de que la justicia continúa siendo una asignatura pendiente.
Pasan los años y la sensación generalizada es cada vez más negativa respecto a uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho. Han conmocionado España las noticias estremecedoras sobre cómo es posible que un malvado que había abusado sexualmente de su hermana y de su hija, por lo que fue condenado, y que había acosado a varias menores, estuviera en libertad. Todos los delitos son repudiables, pero unos lo son más que otros.
El de la pederastia es de los más abominables. Genera una lógica alarma social porque resulta incomprensible que frente a la también denominada pedofilia o paidofilia no se produzca una reacción enérgica, sistemática y conjuntada de todos los estamentos judiciales con el fin de erradicar al máximo tamaña brutalidad. Y de proteger a los niños, desvalidos e inermes frente a los pederastas.
Casi en paralelo al asunto anterior, hemos sabido –no con menor estupor- que el actual juez instructor del Caso Malaya, Oscar Pérez, ha tomado la decisión de poner en libertad al cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, bajo fianza de un millón de euros, aunque considere Su Señoría que el riesgo de fuga del acusado es “elevado” y que “es razonable pensar” que dispone de fondos en paraísos fiscales.
Si el mismo juez que autoriza a que salga de la cárcel Roca reconoce que el riesgo de fuga es “elevado”, ¿no parece sensato pensar que asistimos, como mínimo, a otro dislate o necedad judicial? Si Roca no huye, no pasará nada. Pero si aprovecha para poner tierra de por medio -forrado como está gracias a la corrupción gigantesca que él diseñó desde el Ayuntamiento de Marbella-, ¿no habría que exigirle, con enorme severidad, responsabilidades al juez? ¿O habría que pedírselas ya ahora?
El organismo que gobierna y controla a los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una institución que debería haber sido renovada -de acuerdo con la legislación vigente- hace ya mucho tiempo y que se ha mantenido digamos que en funciones o en fase de prórroga porque el Partido Popular se ha venido negando a consensuar las modificaciones legalmente previstas.
La derecha optó por apurar hasta el máximo su mayoría, aun a cuenta del descrédito del CGPJ. ¿Qué autoridad moral pueden tener quienes han de velar por la rectitud y buen funcionamiento de la justicia, si una parte de ellos siguen en sus puestos mediante lo que cabría describir –benevolentemente- como una especie de fraude de ley?
Enric Sopena es director de El Plural
Un total de 325.640 dependientes han solicitado ser valorados
Un total de 325.640 personas han sido valorados por sus comunidades autónomas para determinar su grado de dependencia, de los cuales el 43 no ha recibido ninguna resolución, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.
27.03.2008
Estas cifras reflejan, asimismo, que desde la entrada en vigor de la norma, el 1 de enero de 2007, hasta el pasado lunes, más de 185.000 personas han comenzado a recibir los servicios y prestaciones que establece la Ley de Dependencia. Del total de personas evaluadas, 148.872 han sido reconocidos como grandes dependientes, es decir, que necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona para desarrollar cualquier actividad, y que desde el primer año de funcionamiento de la norma tienen que estar recibiendo prestaciones y servicios.
Así, si atendemos a los datos del Libro Blanco de la Dependencia, que calcula que en España hay unos 200.000 grandes dependientes, actualmente existen 50.000 personas de este subgrupo que, o bien no han solicitado ser reconocidos por la administración o bien ésta no ha resuelta su petiicón, en contra de lo establecido por la ley.
Además, otras 15.375 personas han sido valorados como dependientes severos nivel II, aquellos que requieren ayuda dos o tres veces al día, y que deberán beneficiarse de los servicios a partir de este año o del siguiente.
Igualmente, las autonomías han estudiado el caso de otras 21.175 personas que tienen grados de dependencia que todavía no les hace beneficiarios de la ley o que han sido valorados como no dependientes.
Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales manifestaron a Europa Press que las comunidades autónomas reciben financiación estatal mensualmente por cada persona evaluada como gran dependiente o dependiente severo nivel II, por lo que, a los pocos días de que se haya resuelto su expediente, deberían recibir las prestaciones.
La Ley de Dependencia establece que todo este colectivo tiene derecho a plazas residenciales, teleasistencia, ayuda a domicilio, plazas en centros de día y de noche, y añade que, en determinadas casos, podrán recibir ayudas económicas. El Gobierno ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio gratuito de información en el número 900.40.60.80.
Los jóvenes necesitarían ganar un 132% más para poder comprar una vivienda
EFE – Madrid – 19/03/2008 14:19
Los jóvenes necesitarían ganar un 132,31% más, hasta un mínimo de 38.000 euros anuales, para poder comprar una vivienda libre en España, según los último datos del Observatorio Joven de Vivienda en España correspondientes al tercer trimestre de 2007.
De acuerdo con esta estadística, elaborada por el Consejo de la Juventud de España, ese ingreso mínimo anual que necesita un joven para poder afrontar la compra de un piso supone duplicar el salario medio real, cercano a los 16.000 euros.
El estudio apunta que este colectivo destina como media el 69,7% de su salario para poder acceder a una vivienda libre en propiedad, un esfuerzo que asciende hasta el 91,5% en el caso de los menores de 25 años.
Superficie máxima tolerable
Además, la superficie “máxima tolerable” para los jóvenes se sitúa en tan sólo 43 metros cuadrados, que es lo máximo que pueden adquirir sin que ello implique un endeudamiento superior al 30% de sus ingresos.
A pesar de este panorama negativo, en el tercer trimestre del año pasado se emancipó el 42,5% de la población joven, una cifra superior a la registrada en los últimos cuatro años.
Por tramos de edad, la dependencia familiar es mayor en las edades más jóvenes, en particular entre los menores de 25 años, una franja en la que sólo trece de cada cien jóvenes han logrado abandonar el hogar familiar.
Por el contrario, casi tres de cada cuatro personas mayores de 30 años ya han formado un hogar independiente.
Vascos, baleares y madrileños
Por comunidades autónomas, los jóvenes del País Vasco, Baleares y Madrid son los que tienen mayores dificultades para independizarse, ya que deberían destinar a la adquisición de una vivienda el 86, el 85 y el 84 %, respectivamente.
En el extremo opuesto se sitúan Extremadura (43%), Navarra (51%) y Melilla (53%).
Ante esta situación, el Consejo de la Juventud de España continúa reivindicando la puesta en marcha inmediata de políticas de emancipación juvenil, con ayudas específicas para la compra, el alquiler y la rehabilitación de viviendas.
Además, reclama la creación de institutos públicos de vivienda para gestionar estas ayudas y proporcionar un número suficiente de inmuebles a un precio asequible y adecuado al nivel de ingresos reales de este colectivo.
