El papel del ayuntamiento en la aplicación de las leyes sociales.

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Desde hace años se vienen escuchando los lamentos de los mandatarios locales sobre la falta de recursos económicos del ayuntamiento y asistimos a una descripción de la situación del ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins muy parecida a la que narra la Biblia cuando se derrumbaba la ciudad de Jericó al son de las trompetas de los ángeles justicieros. Pues bien, con independencia de la verosimilitud de los datos económicos que han ido musitandose como un tantra que ha calado en la sociedad local haciendo buena la máxima goebeliana de que la repetición de una mentira puede aparecer como una verdad y de que ésta Jerico sigue con sus potenciales activos en plena somnolencia inducida por el efecto contagioso de la inactividad acomodaticia de nuestros queridos y respetados representantes municipales; es perentorio decir que las políticas que preferentemente deben desarrollarse desde el ayuntamiento y que benefician a la inmensa mayoría de la sociedad y, de manera más positiva, a los colectivos que forman las familias monoparenrales, las personas dependientes, las mujeres maltratadas o los jóvenes en busca de una vivienda digna, no son precisamente de las que cuestan dinero porque el Gobierno de España no ha parado de poner en bandeja una panoplia de Leyes de marcado caracter social que benefician a todas estas personas y colectivos y que el Consejo de Ministros remató el pasado viernes (BOE del sábado) con la mejora de las ayudas del Plan de Vivienda 2005-2008.

Numerosos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana han suscrito con los respectivos Ministerios o con sus Organismos Autónomos o Empresas Públicas, diversos convenios para informar, tramitar y asesorar de manera directa o indirecta y a través de Ventanillas Únicas la aplicación de la Ley que regula la Conciliación Laboral y Familiar, la que impulsa la Igualdad de mujeres y hombres en los campos públicos y societarios, la de Matrimonios entre personas del mismo sexo, la que de manera popular de denomína Ley de Dependéncia en sus múltiples acepciones, la que regula el acceso a la Renta Mínima de Emancipación para los jovenes, la revalorización automática de las pensiones en un momento de incremento del IPC o la modificación del Plan de Vivienda 2005-2008 que amplia las ayudas para la compra de viviendas de renta libre, reduce el tiempo de desclasificación de las viviendas de VPO o  la declaración de protección oficial para aquellas que se construyeron en su día sin esta clasificación y cuyos propietarios pueden verse beneficiados por acogerse a la normativa acordada en el último Consejo de Ministros de esta legislatura y que pretende poner en el mercado de la compra o alquiler muchas de las viviendas estancadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria para que la economía de las empresas y el mercado de trabajo se puedan reequilibrar a corto plazo al mismo tiempo que la vivienda alcanza un precio más estable y asequible.

No es poca faena la que se puede hacer en beneficio de la comunidad local con el único coste de unos cuantos cursillos de formación para los funcionarios que trabajan en el ayuntamiento y que se están impartiendo de manera gratuita en las distintas instituciones públicas dentro del Plan de Formación Contínua o Específica que promueven de manera anual el Ministerio para las Administraciones Públicas o los distintos departamentos ministeriales que impulsan las medidas de un Gobierno que se ha caracterizado por poner en marcha el mayor paquete de Leyes sociales de la historia de la democrácia española.

No entendemos lo que falla, pero nos barruntamos que en el fondo de la inactividad anida la obsesión de las inversiones en detrimento de los Servicios Públicos Sociales y, al respecto, solo una afirmación: la Generalitat Valenciana es cofinanciadora obligada de todos estos programas sociales y, con la excusa de que se invaden por parte del Gobierno de España competéncias autonómicas, se está penalizando al ciudadano que está necesitado de las ayudas cuando la realidad es que las arcas del Gobierno presidido por Francisco Camps tienen más telarañas que euros y no pueden atender aquello a lo que están obligados por las transferencias exclusivas o compartidas que han ido aceptandose voluntariamente a lo largo de los últimos veinte años. En esta situación y dentro del contexto general que invita a la planificación prudente del futuro, ¿alguien puede pensar en obtener transferencias millonarias para inversiones que han de producir más gasto de funcionamiento?. Pués no, las quimeras son buenas para el acervo literario, pero la política es fundamentalmente pragmática y los gobernantes han de priorizar sus propuestas en función de lo que realmente la sociedad y las personas necesitan.

Cuando al jamón se le está viendo el hueso, se hace caldo para los guisos que por más sencillos no dejan de ser sabrosos y nutritivos. El Gobierno ha propuesto las leyes al Parlamento y todas están en vigor y dotadas económicamente. La pregunta es consecuente y pertinente: ¿Por qué no se aplican con toda su intensidad y extensión en nuestro pueblo?; y si se está haciendo, la verdad es que visto desde la mas absoluta proximidad, ni se nota o lo que es lo mismo si no trasciende, falla la política de comunicación local que está enzarzada en otros menesteres mas alejados del interés real de la genre corriente.

El peor de los casos no lo queremos contemplar: que no les interese lo más mínimo, porque se estarian pervirtiendo los valores democráticos y dilapidando el esfuerzo del Gobierno de España, de las Instituciones Parlamentarias y el potencial del ayuntamiento como institución subsidiaria de los poderes ejecutivos y como entidad local más proxima al ciudadano.

   

Acerca de Vicent Vercher Garrigós

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2 respuestas a El papel del ayuntamiento en la aplicación de las leyes sociales.

  1. givelly dijo:

    porfavor porque tantas respuestas es solo una no entiendo nada

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